Para paliar estas pérdidas, las cooperativas indican en un comunicado que la única medida propuesta por el Ministerio de Agricultura ha sido la bajada en un 2% de los módulos por este concepto, lo que supone una compensación de 2.500 millones de pesetas para los agricultores.

"Si el consumo del gasóleo B o agrícola fue en 1999 de 4.133.000 toneladas (según datos de consumo de l Asociación de Operadores), y si consideramos que el incremento medio del año está próximo a las 10 pesetas por litro, dicho aumento se situaría en los 40.000 millones de pesetas", agrega.

Las cooperativas abogan por que se tomen medidas estructurales, especialmente en cuanto a la distribución de carburantes, de forma que se permita una mayor competencia en este sector.

Asimismo, proponen medidas de tipo fiscal, como la supresión del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos para el gasóleo B o agrícla, así como una disminución de los índices de rendimiento a efectos de determinar los rendimientos en la Estimación Objetiva del IRPF de la actividad agrícola.

En la reciente II Cumbre Nacional de Consumidores de Derivados del Petróleo, celebrada el pasado 5 de abril, las asociaciones presentes acordaron pedir el establecimiento de un tipo fiscal máximo de recaudación procedente de hidrocarburos, la adopción de medidas legales para eliminar las actuales trabas que impiden la implantación de nuevos putos de suministros por parte de diferentes colectivos y la intervención del Tribunal de la Competencia.

Las cooperativas achacan la subida del precio de los carburantes a lo largo de 1999 al aumento del crudo y a la fortaleza del dólar, si bien indican que "la repercusión en los distintos tipos de carburantes es absolutamente desigual".

Además, acusan tanto al Gobierno como a las compañías petroleras de acordar "informalmente" estos precios "con el ánimo de no provocar mayores subidas en el IPC, a que la menor repercusión de los gasóleos en este índice justifica estos comportamientos".