Las cooperativs del campo señalan que la venta de carburantes es algo que ya venían haciendo dentro de los límites de su propia normativa, motivo por el que algunas leyes autonómicas sobre el cooperativismo agrario "ya recogen explícitamente esta posibilidad".

La organización afirma que, según la normativa en vigor sobre cooperativas y el proyecto de Ley de Cooperativas, estas entidades "podrán desarrollar operaciones con terceros no socios hasta un límite máximo del 45% de las realizadas por los socios para cada tpo de actividad desarrollada por aquella", lo que incluye, señalan, el suministro de carburantes.

Por ello, advierten que la ley "producirá un conflicto normativo y una situación de inseguridad jurídica", además de "frenar su desarrollo", lo que les lleva a afirmar que la nueva ley es inconstitucional.

"Es totalmente contraria", dicen, "a lo que se preceptúa en el artículo 129.2 de la Constitución Española: Los poderes públicos promoverán las diversas formas de participación en la empresa y fomenarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas".

Los cooperativistas agrarios se quejan de que, para vender carburantes a terceros, la ley les exija crear empresas a las que se aplique el régimen fiscal general, olvidando que ya tributan por sus beneficios al tipo general y que vienen cumpliendo todos los requisitos técnicos y exigencias medioambientales para realizar esta actividad.