Así lo dijo hoy la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Según explicó Pajín, esta medida pretende poner fin a la "dispersión de múltiples seguros privados", de elevado coste y diferente cobertura, contratados por las ONG para sus cooperantes.

Las entidades privadas podrán beneficiarse de este seguro, que reconoce al cooperante como "profesional", siempre que cumplan con unos requisitos, como demostrar la relación laboral que tienen con el cooperante y que éste sea registrado en la AECI y en el Consulado o Embajada española de su país destino.

Los misioneros, vinculados a órdenes religiosas, son reconocidos también como cooperantes. Sujetos a la normativa de la Conferencia Episcopal, podrán acceder a este seguro si se atienen a las mismas condiciones que el resto de las instituciones.

En 2004 el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a presentar un borrador de Estatuto del Cooperante antes de que finalizara el año 2005. Este Estatuto estaba previsto en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 1998.

El proyecto presentado homologa los servicios que los cooperantes prestan, para facilitar su reincorporación al mercado laboral a su vuelta a España. Según valoró Pajín, el trabajo de los cooperantes es "imprescindible", ya que son "los mejores embajadores de nuestra solidaridad".

Además, el Estatuto recoge un marco jurídico laboral y administrativo "que afecta a todos los niveles: a entidades locales, regionales y estatales y a instituciones privadas". En este sentido, Pajín habló de la "corresponsabilidad" del Gobierno central y los gobiernos locales y regionales, que "han colaborado para la realización de este borrador".

Asimismo, recoge unos derechos y deberes del cooperante, como el derecho a ser formado e informado, antes de trasladarse a otro país para trabajar, y a recibir una retribución digna y una compensación de gastos específicos (traslados, servicios sanitarios, ya que a menudo los países destino no tienen un sistema de seguridad social efectivo, etcétera).

Los grupos parlamentarios que intervinieron en el acto (CiU, ER, PNV, PP y PSOE) se felicitaron del "paso adelante" que se da con este Estatuto. Sin embargo, todos ellos (a excepción del PSOE) expresaron que habría sido mejor que el Estatuto se hubiera articulado como una ley, no como un Decreto Ley, para que tuviera más visibilidad política.

Algo que Pajín justificó en la urgencia, tras siete años, desde 1998, de dar respuesta a la desprotección de los cooperantes.

Desde el PNV, Aitor Esteban Bravo resaltó la necesidad de más cooperación con las comunidades autónomas. Asimismo, todos los grupos, salvo PSOE, coincidieron en señalar las que, a su juicio, sondeficiencias financieras de la Ley, como la ausencia de un régimen de tributación específico para el cooperante o la necesidad de cubrir más gastos, como el de traslado de familiares dependientes del cooperante.

En cuanto al primero, Eduardo Madina, del PSOE, aludió en su intervención a que es necesaria una tributación en la seguridad social, en igualdad de condiciones, que normalice la labor del cooperante con igualdad de derechos y deberes, no un régimen jurídico especial.

En cuanto a cubrir ciertos gastos del cooperante, no incluidos en el Estatuto, Pajín respondió que este tipo de cuestiones corresponde a la relación privada entre empleadores (ONG) y empleados.