Las ONGs consideran que la Ley de Cooperación Internacional que el Parlamento aprobó el pasado mes de junio recorta las funciones del Consejo.

Además, la coordinadora cree que no existe garantía absoluta de que este órgano sirva para facilitar el debate e intercambio de ideas entre la Administración y las organizaciones sociales, ya que no especifica el rango mínimo que deben tener los representantes del Gobierno. Asimismo, la Coordinadora de ONGD entiende que la nueva ley presenta otros aspectos negativos, como el que no defina las prioridades sectoriales y geográficas que deben primar en la ayuda al desarrollo, que se incluyan dentro de esta las operaciones para el mantenimiento de la paz en países en conflicto y que considere la promoción de la economía española como un objetivo de la ayuda.

Por el contrario, considera positiva la propia existencia de una ley de cooperación internacional que regule la atividad y el sector, que la dirección de las políticas encaminadas a favorecer el desarrollo de los países más desfavorecidos recaiga en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que la ley reconozca el papel de las ONGs, la inclusión del criterio de "no afán de lucro" en todas las actividades subvencionadas y la puesta en marcha de planes directores plurianuales.