Intelhorce pasó a manos de Patrimonio del Estado en la primavera de 1992, tres años después de que el empresario italiano Giovanni Orefici se hicera cargo de la misma durante un periodo en el que la factoría pasó por graes deficiencias, tanto técnicas, de producción, como comerciales, que se saldó con una regulación de empleo que afectó al 50% de la plantilla.

Esa privatización, a juicio de CCOO, "está sin aclarar, ya que hay muchas responsabilidades políticas". Benorve y Benservice se hicieron con GTE como filiales de la multinacional Benetton, circunstancia esta que posteriormente fue desmentida.

Asimismo, este sindicato considera que la gestión de Orefici en la fábrica se saldó con unas pérdidas de catroce mi millones de pesetas, entre los que se encuentran la subvención concedida por el Estado para su renovación tecnológica, aunque ésta no se llegó a producir.

Una vez finalizada la etapa de Orefici, Patrimonio del Estado se hizo cargo de GTE, acordando con los sindicatos y la Junta de andalucía un plan de viabilidad que expira el próximo año, en el que se contemplaba el aumento y la diversificación de la producción como fórmula para garantizar el futuro de la factoría.

A juicio del secretario provinial de CCOO, es "sorpresivo" que cuando Intelhorce "está en proceso de normalización el Gobierno salga con la idea de cierre".

La dirección de la factoría está a la espera de los resultado de una auditoría encargada a la consultura Werner Internacional, cuyas conclusiones determinará el futuro de GTE.

Los trabajadores de la fábrica han mostrado hoy su malestar por el anuncio de Patrimonio del Estado, mientras que la mayoría de partidos políticos han anunciado medidas parlamentarias para evitar elcierre de la que fue la mayor factoría textil del mundo.