La constitución de la Mesa de la Función Pública se produce con cierto retraso, ya que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Francisco Villar, se comprometió en su reunión con los sindicatos del pasado día 6 de junio a convocar la mesa antes de que finalizar ese mismo mes.

Desde entonces, los sinicatos presentes en la mesa (UGT, CCOO, CSIF, ELA-STV y CIGA) vienen reclamando su constitución urgente. Los responsables de las federaciones del área pública de CCOO y UGT amenazaron la pasada semana con convocar movilizaciones si no se convocaba la mesa antes del día 15.

Las diferentes noticias surgidas en las últimas semanas sobre la posible congelación del sueldo de los funcionarios en 1997 y de la oferta de empleo público (OEP) han caldeado los ánimos de los sindicatos, que consideran que todos etos asuntos deben abordarse en la Mesa General de la Función Pública.

Fuentes sindicales consultadas hoy por esta agencia indicaron que las expectativas "no son muy halagüeñas", después de las medidas que se han anunciado, y destacaron que la posibilidad de cerrar algún acuerdo antes del verano "irá en función de las propuestas que lleve la Administración a la Mesa".

Los sindicatos exigen al nuevo Gobierno que respete y cumpla los acuerdos pactados con el anterior Gobierno para el período 1994-97 que establecen la garantía del poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos durante esos años, así como la revisión salarial de 0,8 puntos por la desviación del IPC del 3,5% previsto al 4,3% en 1995.

UGT y CCOO han remitido una carta a Villar en la que proponen la apertura de varias mesas de negociación que aborden las retribuciones de los funcionarios y el empleo, la reorganización de la Admnistración, la unificación de las condiciones laborales de los funcionarios del Ministerio del xterior que trabajan en el extranjero y el acuerdo marco del personal laboral, entre otros temas.