Hasta el momento, 17 países, entre ellos España, la habían ratificado, a los que se han sumado a principios de esta semana Túnez y Jordania, y ayer Ecuador.

De este modo, la Convención y sus Protocolos Opcionales entrarán en vigor el próximo 3 de mayo, tan solo un año y medio después de su adopción por la ONU en diciembre de 2006.

Esto significa que será vinculante en los 126 países que la habían firmado (de los que 106 aún no la habían ratificado) que deberán adaptar sus leyes conforme a los artículos de la Convención.

Unos 650 millones de personas, que representan aproximadamente el 10% de la población mundial, tienen discapacidad, y el 80% viven en los países menos desarrollados, mientras que dos tercios de los países miembros de la ONU no contaban hasta ahora con ninguna protección legal para estar personas.

"Es un momento histórico en nuestro esfuerzo para conseguir garantizar los derechos humanos de todas las personas y crear una sociedad plenamente inclusiva", destacó Marie Okabe, la portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon.

"La Convención constituirá una poderosa herramienta para erradicar los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad", añadió Okabe, refiriéndose a la discriminación, la segregación social, la marginación económica y la falta de oportunidades para la participación en los procesos de toma decisión a los que se enfrenta este colectivo.