Los paros, que fueron secundados por un 90 por ciento de los trabajadores participantes en las asambleas, serán respaldados también por el segundo sindicato más más representativo entre este colectivo, el Sindicato Español de Controladores Aéreos (SECA), al que están afiliados un 15 por ciento de los profesionales de control.

La convocatoria de huelga esconsecuencia del desacuerdo en la negociación entablada entre el sindicato y la Dirección General de Aviación Civil para que los controladores se integrasen en el nuevo Ente Público de Aeropuertos y Navegación Aérea como personal laboral, renunciando a su condición de funcionarios.

La Administración ha dado hasta el próximo 22 de diciembre (último día de huelga) para que los controladores elijan entre seguir ejerciendo su profesión como personal laboral o pasar a ser funcionarios de base del Grupo B, n situación de disponibles.

La misma opción se planteó a los demás funcionarios del Organismo Autónomo de Aeropuertos Nacionales y de la Dirección General de Aviación Civil, con los que la Administración llegó finalmente a un acuerdo la semana pasada, tras ofrecer una compensación salarial tanto a los funcionarios como a los laborales.

En el caso de los controladores, la última oferta dada a conocer por la Dirección General de Aviación Civil suponía un aumento salarial del 30 por ciento para 1992 aunque a cambio de un incremento en el horario de trabajo.

La USCA asegura que las principales diferencias no son salariales sino la negativa de la Administración a reconocerles un estatuto propio que garantice la seguridad en el puesto de trabajo, entre otras cosas.

El presidente de USCA, Juan Gil, manifestó a esta agencia que, si antes del próximo día 22 no se ha llegado a un acuerdo con la Administración, los puestos de control aéreos quedarán sin trabajadores.

"Nosotros entendemos que alas doce de la noche del día 22 estaremos cesados como controladores y nos iríamos a nuestras casas, a la espera de que nos digan los nuevos puestos a los que tenemos que incorporarnos en la Administración", señaló.

En su opinión, el gran error de la Administración ha sido promulgar el decreto que obligaba a los controladores a convertirse en personal laboral sin haberlo negociado previamente, y no a posteriori, con los afectados.