Según el Gobierno, la nueva redacción de la Ley del Contrato que abre esta posibilidad trata de garantizar los principios constitucionales que reconocen la pluralidad lingüística, con respetoal mismo tiempo a la legislación comunitaria.

La póliza del contrato deberá redactarse en la lengua que elija el tomador del seguro, de entre las que sean oficiales en el lugar donde se formalice.