En su comparecencia ante la Comisión no permanente de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Valcarce informó sobre las políticas de empleo del Ejecutivo para este colectivo, con el objetivo de impulsar su integración en el mercado ordinario de trabajo y, de no ser posible, su incorporación a un empleo protegido.

Indicó que en 2003 los contratos indefinidos para personas con discapacidad fueron 8.279, y en 2004 se pasó a 9.494, lo que supone un incremento del 14,7%. En el caso de los temporales, pasaron de 9.567 en 2003 a 11.093 el año pasado, un 15,9% más.

En el caso del empleo público, indicó que en la Administración General del Estado se han ofertado 4.005 plazas de personal funcionario y laboral, de las que 250 están reservadas para personas con discapacidad, lo que supone un 6,2%, lo que va "más allá" de la cuota legal de reserva, estipulada en un 5%.

Además, en las pruebas selectivas y cursos de formación o prácticas se han establecido las adaptaciones y ajustes necesarios de tiempo y medios para garantizar que los aspirantes con discapacidad participen en condiciones de igualdad.

507 MILLONES DE EUROS

La responsable de discapacidad del Gobierno agregó que en los Presupuestos Generales del Estado de 2005 se consignaron 507 millones de euros para el empleo de personas con discapacidad, y que se ha incentivado la contratación de estos trabajadores mediante otra serie de ayudas y subvenciones destinadas al autoempleo.

Por otro lado, anunció que el Ejecutivo está finalizando el primer Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad, a fin de combatir una doble discriminación de un colectivo cuya tasa de paro, de un 19,7%, es casi siete puntos superior a la de los hombres con discapacidad y tres puntos y medio más elevada que la de las mujeres que no padecen minusvalía.

Además, existe una brecha considerable en relación con los hombres discapacitados en la percepción de medidas de fomento del empleo, ya que de las 43.088 personas beneficiadas, sólo 12.731 fueron mujeres, es decir, el 29,54%, pese a que el 58% del total de personas con discapacidad son mujeres.

Tras la exposición de la secretaria de Estado, el portavoz del PP, Francisco Vañó, emplazó al Gobierno a pronunciarse sobre las reticencias expresadas por la CEOE ante la cuota de reserva, a fin de "tranquilizar" al sector, y pidió la presencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para dar un espaldarazo a esta comisión.

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO

Por su parte, el portavoz de CiU en esta comisión, Carles Campuzano, expresó su preocupación por el incumplimiento de las cuotas de reserva y abogó por una intensificación de la inspección laboral en este sentido, cuestión a la que también se refirió la diputada de IU-ICV, Carme García.

En su réplica, Valcarce aseguró que "ningún Gobierno en tan poco tiempo ha podido cumplir tanto y tan bien en un objetivo tan importante", y hacerlo a través de la mejor puerta para la integración, que es el empleo.

"Nunca se había dado tanta legislación laboral sobre empleados con discapacidad como en el último año", prosiguió, y se ha acometido siempre de forma compartida con los representantes de los discapacitados, a través de las consultas con el CERMI, así como con las comunidades autónomas.

Concluyó que el esfuerzo presupuestario para crear "más empleo y con mejores garantías", ante una situación de partida que era "mala", también ha sido el más importante, y confirmó que el proyecto de ley de Promoción de la Autonomía Personal entrará en la Cámara este año 2005 y cumplirá todos los compromisos adquiridos.