La OLAF señala que esa cifra se refiere sólo a los casos que están siendo actualmente investigados por sus funcionarios, por lo que la cifra real es probablemente superior. El contrabando de ajos se ha convertido, dentro de los productos agroalimentarios, en el tercero más importante de los que sufre la UE, después del azúcar y la carne.

Las importaciones de ajos deben pagar un arancel del 9,6% sobre el valor, además de 1.200 euros por cada tonelada. Este segundo gravamen no es aplicable cuando las cantidades importadas no superan una cuota anual de 13.000 toneladas, y también hay exenciones de derechos de aduanas con países que han suscrito tratados preferenciales con la UE.

En el caso chino, lo que ocurre, según la OLAF, es que su producción es muy alta y sus costes muy bajos, lo que hace que el contrabando se convierta en un negocio "atractivo" para los defraudadores. Por ejemplo, un solo contenedor que transporta una media de 20 toneladas de ajo, si pasa de contrabando, supone un beneficio ilegal de 24.000 euros.

Los sistemas empleados por los contrabandistas para eludir los controles de las aduanas europeas incluyen la falsificación de los certificados de origen o declararlo como ajo congelado o seco, que pagan menos aranceles, entre otros.