Igualmente, el tribunal, que no entra a valorar el fondo del asunto, ha acordado la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

La demanda y los documentos presentados han sido trasladados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.