La Comisión de Justicia e Interior del Congreso, que concluyó hoy el estudio de las enmiendas parciales con el debate del capítulo sancionador, mantuvo la redacción del polémico artículo 25, por el que se sanciona con multa de enre 50.000 y 5 millones de pesetas el consumo de estupefacientes en lugares o establecimientos públicos.

Con el añadido presentado hoy por los socialistas al artículo 28, a esta sanción económica se suma ahora la posibilidad de suspender el carné de conducir "hasta tres meses" y con la retirada de permisos o licencias de armas.

Estas sanciones podrán suspenderse si el toxicómano se somete a un tratamiento de desintoxicación.

COMPETENCIAS PARA LOS ALCALDES

De la media docena de enmiendas preentadas hoy por el PSOE, también destaca la introducida al artículo 29, relativo a las autoridades facultadas para imponer sanciones por infracciones leves o graves (tenencia lícita o consumo público de drogas).

En la redacción inicial, eran competentes para determinar las sanciones el Consejo de Ministros, el titular de Interior, los gobernadores civiles y delegados del Gobierno.

A partir de ahora, los alcaldes también podrán imponer la suspensión de las autorizaciones o permisos que hubieran cocedido los municipios y sancionar con multas de entre un millón de pesetas (municipios de más de 500.000 habitantes) y 25.000 pesetas (municipios de menos de 20.000 habitantes).

"AL LORO"

PP, IU y CDS rechazaron la sanción económica al consumo público de drogas por considerarla ineficaz para erradicar esta actividad.

El portavoz popular, Rogelio Baón, acusó al PSOE de querer rectificar errores anteriores cometidos por este partido en materia de droga, que se resumían en el lema "al loro y a colcarse", que defendió, según este diputado, Enrique Tierno Galván.

Baón afirmó que con las multas previstas en el proyecto de ley "no se va a quitar de la calle a los toxicómanos". "Al contrario", añadió, "son un estímulo para delinquir y poder pagar la multa".

El PP propone la penalización del consumo de drogas, imponiendo una pena de arresto mayor para quienes consuman drogas en presencia de menores.

El portavoz de IU, Pablo Castellano, acusó al PSOE de proponer soluciones "demagógicas" a ete problema, cargadas de "tintes represivos".

Rafael Martínez Campillo, del CDS, dijo que la multa por el consumo de drogas en público es "un gesto" que "sólo busca satisfacer algunos tics autoritarios de la sociedad española".

23 ENMIENDAS

Durante los tres días de debate en comisión del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, se han aprobado 23 enmiendas transaccionales presentadas por el PSOE.

Ayer, miércoles, los socialistas consiguieron el apoyo de CiU y PNV y el voto abstencionista dePP y CDS para los polémicos artículos 20 y 21.

Ambos apartados quedan "suavizados" con las enmiendas socialistas. El traslado a comisaría de los indocumentados (artículo 20) sólo podrá realizarse "para impedir la comisión de un delito o falta o al objeto de sancionar una infracción".

El registro domiciliario sin mandamiento judicial por delito flagrante -artículo 21- se podrá realizar exclusivamente cuando se tenga conocimiento "fundado" de que "se está cometiendo o se acaba de cometer" el delito

Tras el trámite parlamentario que concluyó hoy, el proyecto de ley pasará a pleno del Congreso y posteriormente al Senado. Cuando la Cámara Alta estudie el texto, volverá al Congreso para su aprobación definitiva.