Así lo anunció Escudero durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Baja para trasladar información relativa al Plan de Trabajo 2022 del Ministerio de Consumo, así como sobre las actuaciones en materia de inspección, control y vigilancia en materia alimentaria y no alimentaria del departamento de Alberto Garzón.

Tras puntualizar que la Ley del Juego data de 2011, advirtió de que el “carácter dinámico” y la “proliferación” de las actividades de juego ‘online’ “requiere que la normativa y la legislación españolas estén completamente alineadas con el estado del sector y el estado del mercado del juego”. “Esperemos que en breve llegue a esta cámara una modificación con el único objetivo de reforzar los instrumentos de lucha contra el juego ilegal”, reiteró.

Con respecto a la actividad del Ministerio de Consumo en la Dirección General de Ordenación del Juego, Escudero añadió que el departamento de Garzón también está “trabajando” en un real decreto de “entornos más seguros de juego ‘online’” que establezca herramientas que permitan “evitar comportamientos de juego que puedan ser riesgosos y que puedan afectar a sectores más vulnerables”, como es la población juvenil.

Por otro lado, admitió que este ejercicio es “muy importante” también para esta Dirección General porque, por primera vez, se destinará un porcentaje de la tasa de juego a “políticas públicas de lucha contra el juego ilegal y de evitación de prácticas de riesgo para los sectores más más vulnerables”.

En este sentido, recordó que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año está presupuestada una cantidad que llega casi a los 4,5 millones de euros que se destinarán en parte a “reforzar la lucha contra el juego ilegal”, convencido de que “estar a la última” en este ámbito es “una obligación” para esta dirección general y de que este reto “requiere un esfuerzo presupuestario importante que el Gobierno realiza este año”.

En paralelo, avanzó que se realizarán “toda una serie de campañas e iniciativas” para “concienciar, básicamente, a la ciudadanía” y con el fin de “evitar prácticas de juego que puedan poner en situación de vulnerabilidad a personas o a colectivos”.

PLAN ANUAL NORMATIVO

En relación al Plan Anual Normativo del departamento de Alberto Garzón, recordó que se “alinea” con los PGE y con el Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y con la Nueva Agenda del Consumidor de la Comisión Europea, que definió como “un instrumento normativo, institucional y político clave” para el Ministerio de Consumo y que, dijo, “delinea las políticas estratégicas de consumo para los años 2020 a 2025”.

“La Nueva Agenda del Consumidor insiste, fundamentalmente, en reforzar la protección al consumidor, especialmente aquellas personas y consumidores que se encuentran en situación de vulnerabilidad en las relaciones de consumo y establece los instrumentos para hacer a las personas consumidoras partícipes de la transición digital y ecológica”, abundó.

Asimismo, destacó el “carácter ambicioso” del Plan Anual Normativo por parte del gabinete de Garzón, recordando que Consumo es proponente de tres anteproyectos de ley y de catorce reales decretos en materia de consumo, juego ‘online’ y seguridad alimentaria y nutrición, lo que, a su juicio, obliga al ministerio a realizar una “labor ingente para este año”.

Junto a ello, destacó su trabajo para el cumplimiento de la transposición de directivas de la Unión Europea que estaban “pendientes desde hace años” en materia de consumo, al tiempo que reconoció que en España hay todavía pendientes por trasponer al ordenamiento jurídico “toda una serie de directivas comunitarias, además de reglamentos y órdenes” en materia de protección, de seguridad de juguetes o relacionadas con aguas minerales embotelladas.

Una tarea que, lamentó, “no se había realizado en la década anterior” y que, añadió, “ha tenido que ser realizada de urgencia por el ministerio” que, actualmente, está, además, “trabajando” con la Comisión Europea en dos temas “centrales para la protección al consumidor”, como son un nuevo reglamento de seguridad de productos y la directiva de créditos al consumo, junto al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Todo ello, con la idea de contar con el “más alto estándar de protección a los consumidores”, resolvió.