Así lo aseveró durante su intervención en la clausura de una jornada de información y debate sobre dicha norma en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados, que fue organizada por el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y en la que abogó por sacarla adelante con “urgencia y consenso”.

En este punto, expresó el “compromiso” del departamento de Pablo Bustinduy de “retomar” la tramitación de esta norma “lo antes posible”, consciente de que “se cayó por los pelos al final de la legislatura pasada” por la convocatoria de elecciones, y explicó que Consumo “ha estudiado la fórmula más eficaz para que se pudiera volver a tramitar de la forma más rápida posible”.

“Nuestra prioridad ha sido el respeto máximo al texto que se acordó en esta cámara la legislatura pasada por el respeto también máximo a ese consenso tan amplio y sólido que se logró”, dijo, convencida de que el documento concitó un consenso parlamentario “inédito, con ningún voto en contra”.

Tras puntualizar que el ministro Bustinduy ha “asumido” aquel “acuerdo y consenso” como un “legado que había que respetar y mantener”, subrayó que la “fórmula elegida” para tramitar la norma “por ser la más eficaz para conseguirlo en el menor plazo posible y respetando también ese consenso” es presentar en el Consejo de Ministros “lo antes posible” y de manera “inminente” el mismo texto presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez la anterior legislatura.

REINICIAR EL PROCESO

De este modo, apostó por “reiniciar el proceso” con esa “propuesta exacta” para que su tramitación sea “lo más rápida posible”, pese a que hay aspectos que le “gustaría cambiar”. "Mantendremos el texto tal cual para que vuelva a la Cámara exactamente igual, en las mismas condiciones en las que llegó en aquel momento con el interés, deseo y objetivo de que se reediten los mismos consensos y acuerdos”, sentenció, congratulándose de que, “afortunadamente, parece posible que ese interés por el bien común y el consenso prevalezca”.

Por este motivo, aseguró que, dentro de sus “posibilidades”, el Ministerio de Consumo “tratará de atender a ese mandato de urgencia y respeto de los consensos”.

En este contexto, aseveró que la futura ley estará “muy empapada” de la “preocupación” por la “vulnerabilidad” en las relaciones de consumo que afecta a determinados colectivos de consumidores, como las personas con discapacidad y las personas mayores, convencida de que en la norma “se aterriza esa protección reforzada” a la que el Gobierno aspiraba cuando introdujo la figura de persona consumidora vulnerable en el ordenamiento jurídico.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Antes de la clausura se produjo la intervención de los portavoces en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de PSOE, PP, Vox y Sumar, quienes coincidieron en que es una “buena noticia” que su aprobación se “retome de manera inmediata” y señalaron la importancia de “proteger” a personas mayores y con discapacidad para que no sufran “ningún tipo de abuso o discriminación”, tal y como expuso por el Grupo Parlamentario Popular el diputado Silverio Argüelles, que también afeó que la ley no ataje los problemas asociados a este tipo de servicios cuando son prestados por las administraciones públicas.

Por el PSOE, la diputada Noelia Cobo urgió a “abordar” este proyecto de ley desde una perspectiva “progresista, igualitaria y equitativa”, que, a su juicio, “se traduce en igualdad de oportunidades para todos” y reclamó tratar esa protección de los consumidores vulnerables “como una cuestión trasversal que no solo afecta al Ministerio de Consumo”.

Por el Grupo Parlamentario Vox, Rocío de Meer aseguró que el texto que servirá de base para la futura norma “tiene muchas cuestiones de sentido común” que, “desde luego”, su grupo “apoyaría”, si bien llamó a “avanzar en el sentido común”, al entender que “las vulnerabilidades no son las mismas” para todos los colectivos vulnerables y de que, por tanto, “las herramientas tampoco deberían ser las mismas” a la hora de garantizar la protección de sus derechos.

Por último, desde Sumar, Félix Alonso afirmó que a su grupo le “interesa” que la normativa “salga lo más rápido posible” y dijo “esperar” que los parlamentarios “mantengan” su “espíritu” de consenso, al tiempo que admitió “confiar mucho” en el trabajo parlamentario y “aún más en las autoridades de consumo” para hacerla realidad.