La contratación telefónica o electrónica está regulada por un decreto aprobado en Consejo de Ministros el 17 de diciembre de 1999. El objetivo de la norma es proteger a los consumidores que realicen contratos a distancia, por teléfono o de forma electrónica.

La normativa en vigor establece, entre otras cosas, que una vez aceptado el contrato por el cliente, el profesional o empresario debe remitirle, de forma inmdiata, la documentación acreditativa, bien en papel o en soporte informático duradero.