La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer martes que impulsará la constitución de una sociedad anónima para la gestión del agua, en la que la iniciativa privada podrá tener hasta el 49% del control.

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, manifestó su "preocupación por los usuarios, desde el punto de vista tarifario", debido a que toda emprea "tiene ánimo de lucro", incluida la que se haga cargo de la gestión de este canal.

Además, juzgó que "no hay motivos" para esta privatización, ya que "desde el ámbito de lo público se puede optimizar perfectamente una empresa de gestión de agua".

Por su parte, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ilenana Izverniceanu, expuso que "el requisito 'sine qua non' para que los consumidores den por buena esta privatización es que se mantengan los precios".

Exigió también que "se respeten los criterios de objetividad a la hora de elegir a la empresa gestora" y que, después, se vigile su trabajo para evitar que "intente sacar tajada a costa del consumidor".

La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) consideró que el agua es un servicio "de carácter esencial", por lo que ha de buscarse "la universalidad: la igualdad en el acceso, independientemente de la renta que se tenga o de dónde se viva".

Por ello, el asesor de asuntos jurídicos de Ceaccu, Eugenio Ribón, estimó que "no tiene sentido introducir a una empresa que busca tener beneficios. Este servicio ha de darse al margen de la rentabilidad, aunque sea deficitario".

Por último, valoró que "la experiencia nos dice que ninguna privatización supone una mejora para el usuario, ni en el servicio que se recibe ni en la atención".