LOS CONSUMIDORES TACHAN DE "PASO ATRAS" EL NUEVO BORRADOR DE LA LEY E COMERCIO ELECTRONICO

- El Parlamento Europeo ya rechazó que el comprador por Internet se someta a los tribunales del país del vendedor

MADRID
SERVIMEDIA

Las asociaciones de consumidores rechazan tajantemente la posibilidad de que los compradores por Internet deban someterse a la legislación del país donde tiene su sede la empresa vendedora, como establece el nuevo anteproyecto de la Ley de Comercio Electrónico, en contra de lo recogido por el primer borrador, que asignaba como fueropara reclamar el del país de residencia del consumidor.

La Unión de Consumidores de España (UCE) calificó de "paso atrás" el nuevo borrador. "Esto es que el Gobierno se pliega a las presiones de la mala industria, por llamarlo de alguna manera: aquellos que quieren eludir la ley o que la ley sea lo más laxa posible", manifestó Enrique García, portavoz de la UCE.

En síntesis, con una ley así, si un consumidor compra en la Red a una empresa europea (un teléfono móvil en Finlandia, por ejemplo), lo aga por adelantado y si luego no llega a su domicilio el móvil, tiene que reclamar en los juzgados de Finlandia y no en los de su país, en este caso España, con lo que tendría menos derechos que los usuarios de la venta por correo, que están amparados por los tribunales de su provincia.

Es más, como se trata de una ley nacional, podría ocurrir que en Gran Bretaña o Francia se legislara a favor del consumidor y la empresa finlandesa tuviera que defenderse ante los tribunales británicos o franceses de ls reclamaciones procedentes de estos países y sin embargo los españoles tendrían que litigar en Reikiavik.

El propio Parlamento Europeo rechazó el pasado 21 de septiembre la llamada Regulación de Bruselas, planteada por la Comisión Europea, que permitiría a los proveedores "on line" obligar al consumidor a acudir a los tribunales del lugar donde tenga su sede el vendedor, según señaló hoy a Servimedia Antonino Joya, letrado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Para esta asociación lo que propone el anteproyecto propuesto por la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, "supondría reducir drásticamente la confianza del consumidor en el comercio electrónico".

"La cuestión de la jurisdicción no es una cuestión legal abstracta. Afecta directamente al derecho de los ciudadanos a acudir a los tribunales de su propio país. Ha hecho falta mucho tiempo para establecer ese derecho y la evolución de la nueva economía no puede ser excusa para cercenarlo", apuntó Joya.

Por su pate, la Asociación de Internautas (AI) señaló que "este tipo de leyes debería ir a fomentar la seguridad del comprador, más que la del vendedor".

"A ver quién va a Estados Unidos a hacerle un pleito a una empresa que te está vendiendo algo. Prácticamente es inaccesible", declaró hoy a Servimedia Víctor Domingo, presidente de la AI, quien subrayó que "la mayoría de las compras que se hacen en España son a empresas de Estados Unidos".

(SERVIMEDIA)
24 Oct 2000
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