El secretario general de la UCE, Juan Moreno, señaló, en declaraciones a Servimedia, que "no creemos que las medidas del Gobierno tengan efecto en los consumidores, porque son de carácter macroeconómico y tratan de inyectar dinero para ayudar a calentar la economía".

"Eso no tiene nada que ver con las situaciones puntuales de los consumidores que están acosados por la morosidad, las hipotecas y el sobreendeudamiento", agregó.

Por ello, consideró fundamental que el Ejecutivo recupere el "proyecto olvidado" (en referencia a que estaba en el programa electoral con el que ganó las elecciones en 2004) y aborde el sobreendeudamiento de las familias, creando un instrumento que les permita hacer frente a situaciones de quiebra.

En la misma línea, la presidenta de Ceaccu, Isabel Ávila, reiteró la petición de una ley específica que regule el sobreendeudamiento.

QUIEBRAS FAMILIARES

"Hay múltiples causas que pueden llevar al consumidor a una situación de quiebra y se escapan de su control, como la subida de los intereses, el paro o una enfermedad, y no existe hasta ahora una ley concursal específica que pueda aplicarse en casos como estos", continuó Ávila.

Por ello, en "un momento de pérdida de poder adquisitivo y alto endeudamiento necesitamos medidas que nos protejan y no nos aboquen a perder nuestra casa y no ayudas directas como los 400 euros del IRPF o los 2.500 por hijo, que no van a ninguna parte", concluyó.

El portavoz de la OCU, Enrique García, también echó en falta medidas concretas de apoyo a corto plazo a los consumidores y mostró ciertas reservas ante otras medidas, como el incremento de la financiación a la vivienda protegida o la trasposición de la directiva de servicios.

"Parecen buenas medidas porque pueden ser beneficiosas para los consumidores y facilitar el impulso de la economía, pero habrá que ver la eficacia de las mismas una vez desarrolladas, teniendo en cuenta que no tendrán efecto al menos hasta mediados de 2009", agregó.

Por otro lado, mostró "cierta preocupación" por algunas de las medidas orientadas a la reducción de la burocracia, que pueden conllevar un descenso sobre el control de la actividad de las entidades financieras.

Se refirió concretamente a la supresión de la autorización previa para la publicidad de las entidades financieras y a la desaparición del control previo del Banco de España a los contratos tipo para operaciones bancarias masivas.