La OCU ha realizado un estudio comparativo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de varias entidades bancarias europeas. En España han sido analizados el BBVA, Caja Madrid, Grupo Banco Popular, Grupo Santander, Grupo ING, La Caixa y Triodos Bank.

El objetivo ha sido señalar cuáles son los aspectos clave de la RSC que dan al consumidor las garantías de comportamiento ético.

En este sentido, la OCU considera que, para que una entidad financiera pueda considerarse socialmente responsable, debe tener unas adecuadas políticas sociales y medioambientales, de transparencia, gobierno corporativo y fraude fiscal y además implantar esas políticas a través de sistemas de gestión que permitan realizar verificaciones y formar a sus empleados.

Estos compromisos, señala la OCU, son voluntarios, pero desde el momento en que se hacen públicos se convierten en una exigencia para los consumidores. "Por esto, los consumidores tienen derecho a saber dónde se invierte su dinero, y a que las entidades financieras pongan todas las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus políticas de una manera transparente", recalca el informe.

De los resultados se extrae que, aunque todos los bancos analizados están adheridos a algún acuerdo internacional sobre directrices éticas, la mayoría de las entidades todavía tienen políticas "muy limitadas".

FALTA INFORMACIÓN

Además, añade el estudio, las entidades financieras se muestran reticentes a la hora de dar datos sobre algunos aspectos de su política de RSC publicitada, con lo cual, el derecho del consumidor a estar informado sobre el destino del dinero que confía a la entidad se ve vulnerado.

La OCU se ha puesto en contacto con la Asociación Española de Banca, con la CECA y con el Banco de España para darle traslado de sus peticiones que pasan por mejorar las políticas éticas en el sector bancario y porque se apliquen estas políticas a todas las ramas de la actividad bancaria.

Opinan que los consumidores deben poder conocer las políticas sobre RSC que su entidad adopta en todos los ámbitos, por lo que señalan que se deben hacer públicas estas políticas y su campo de aplicación.

Que se promueva el establecimiento de una lista de empresas y proyectos éticamente controvertidos, a iniciativa de la Comisión Europea y basado en normas europeas o internacionales adoptadas por los Estados miembros, es otra de las propuestas.

Igualmente, propugnan que las entidades estén obligadas a declarar sus inversiones directas e indirectas, y sus préstamos y financiaciones, cuando el importe supere los 10 millones de euros y los beneficiarios figuren en la lista de empresas y proyectos éticamente controvertidos.

Por último, creen que el consumidor debe poder conocer si las políticas de responsabilidad social que su entidad dice que adopta, finalmente se llevan a la práctica. En este aspecto señalan que el control y la verificación de los datos declarados debe realizarse por las instancias nacionales competentes, haciendo público el resultado.