El borrador de Ley de Alimentación, al que ha tenido acceso Servimedia, prevé que la Comisión Interministeria para la Ordenación Alimentaria (CIOA) no tenga entre sus miembros a ningún representante de los consumidores, mientras que en la actualidad asisten a las reuniones de la CIOA cuatro asociaciones de consumidores y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), con voz pero sin voto.

Otra modificación que afecta a la CIOA es su presidencia, hoy en día en manos del director general de Salud Pública, Juan José Francisco Polledo, del Ministerio de Sanidad y Consumo, mientras que el anteproycto de Ley de Alimentación coloca como presidente de la comisión interministerial al director general de Alimentación, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Rafael Urrialde, portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), manifestó su "sorpresa por no haber sido consultadas las asociaciones de consumidores" sobre el anteproyecto de ley.

"En ningún momento vamos a aceptar que criterios económicos queden por encima de criterios de salud. En cualquier ley de alimentación lo primro que deben primar son los aspectos sanitarios, para la protección de la salud de los consumidores, muy por encima de aspectos económicos o de otros intereses corporativos", añadió la UCE.

TODOS LOS FOROS

Urrialde señaló que pedirán estar en todos los foros alimentarios, tanto si son para promocionar alimentos como para velar por sus condiciones técnico-sanitarias, no sólo con voz, sino también con voto.

La UCE añadió que se opondrán a "cualquier comité, agencia o entidad que se constituya baj presidencia del mismo ministerio en el cual estén presentes órganos corporativos", refiriéndose al Ministerio de Agricultura.

Por el contrario, la presidencia debería corresponder, en opinión de la UCE, a "alguien totalmente independiente y ajeno a cualquier influencia corporativa. Y máxime cuando los últimos escándalos han demostrado que todavía hay riesgos para la salud de los consumidores en toda la cadena -producción, distribución, transformación alimentaria-".

La Confederación Estatal de Cosumidores y Usuarios (CECU) resaltó que el anteproyecto de Ley de Alimentación no ha sido comunicado al Consejo de Consumidores y Usuarios, que reúne a las 11 principales asociaciones de consumidores y la Administración, según indicó Antonio López, representante de la CECU.

Respecto a la CIOA, donde ya participa la CECU, López rechazó que el borrador de la ley excluya a los consumidores de su composición y lo calificó de "retroceso".

AGENCIA DE CONTROL

Asimismo, la CECU exigió estar presente enel Consejo de Dirección de la futura Agencia de Control de los Productos Alimenticios.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), Isabel Avila, calificó de "brindis al sol" la obligación de los operadores de notificar a la Administración cualquier anomalía detectada por sus sistemas de autocontrol. CEACCU criticó que los consumidores no estén con voz y voto en la futura Agencia de Control de los Alimentos.

En cambi, Avila valoró que el Consejo de Consumidores y Usuarios forme parte del futuro Sistema Unificado de Intercambio Rápido de Información para Alertas Alimentarias, dado que actualmente sólo intervienen las asociaciones de consumidores si éstas se interesan ante las autoridades por una alerta, "cuando realmente quien puede parar una alarma social son las asociaciones".

Otro aspecto mejorable para CEACCU es el plazo que señala el borrador de Ley de Alimentación para que la Administración intervenga ante ua irregularidad, fijado en seis meses, transcurridos los cuales las autoridades no pueden sancionar a los responsables. Avila considera que supone "una laxitud tremenda por parte de la Administración".

"El plazo de seis meses me parece muy corto, porque no se pueden meter en el mismo cajón las acciones muy graves, las graves y las leves. El derecho general administrativo sancionador dice que para las faltas muy graves el plazo es de tres años, no vamos a poner seis meses", argumentó la presidenta de l CEACCU.

PLAZOS VIGENTES

Avila pidió que la ley recoja al menos los plazos administrativos vigentes: tres años para faltas muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves.

Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la nueva Ley de Alimentación "viene a multiplicar lo que ya existe y entendemos que en ningún caso puede venir por aquí la solución, sobre todo porque hay algunas cosas que en teoría ya existen -como es obligar a adoptar sistemas adecuados que determinen n control de riesgos- y se trataría de establecer su cumplimiento", según señaló el portavoz de la asociación de consumidores, José María Múgica.

"No sabemos qué pinta el Ministerio de Defensa en todo esto", añadió. La OCU entiende que los consumidores deben seguir en la Comisión Interministerial, "aunque sólo fuera como elemento de información al resto".

Múgica se preguntó si la Agencia de Control interpretará la ley o llenará las lagunas legales que existen, por ejemplo respecto a las nuevas inestigaciones (transgénicos).

La OCU concluyó que, "en cualquier caso, no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos pedido, que sería una agencia de ámbito europeo, no nacional, ya que tal y como está en estos momentos el mercado abierto, es absurdo que una comisión de éstas intente controlar, si luego se pueden colar por otro lado".