Los consumidores se muestran en desacuerdo sobre la disposición que permite a los itulares de los derechos de autor anular a cualquier consumidor el derecho de hacer copias privadas, a través de una cláusula en letra pequeña en los contratos, pero, en cambio, da a la industria el poder de decidir si se pueden hacer o no copias privadas y a qué precio.

En esta situación, los consumidores dependerán de los intereses comerciales de la industria de los titulares de los derechos y no de un proceso político democrático que base su objetivo en los intereses del público, según ha denunciad la BEUC.

La BEUC también se ha mostrado en desacuerdo con la obligación de los usuarios de pagar compensaciones por hacer copias, que se abonarían mediante un impuesto en los artículos "vírgenes".