CECU denunció que este hecho puede "significar un menor interés del Ejecutivo por los intereses y problemáticas de los 45 millones de consumidores y usuarios españoles".

En todo caso, la organización espera que "el cambio de denominación en el ministerio no merme el interés del Ejecutivo por las políticas de consumo".

Por su parte, UCE manifestó su "inquietud" por este cambio, y señaló que en el actual contexto económico, "el refuerzo de las políticas de consumo adquiere una doble trascendencia y considera que aquellas deberían quedar incluidas en las competencias del Ministerio de Economía".

Mientras, Asgeco Confederación, quiso expresar su "gran preocupación" por la reorganización de las competencias ministeriales, y exigió "más protagonismo para la cartera de consumo, por medio de un ministerio propio".

Por último, Facua advirtió de que "en esta época de crisis los numerosos abusos y fraudes que sufren los consumidores no sólo no disminuyen, sino que pueden aumentar en ciertos ámbitos, además de ser mucho más lesivos para las economías sobreendeudadas".

"La protección de los derechos de los consumidores debe concebirse como una política transversal que asuman todos los ministerios, aunque con la coordinación de aquel que cuente con las competencias más directas en la materia", añadió.