CECU, en un comunicado, "considera que los usuarios, como parte implicada en esta situación, tienen derecho a exigir que tanto el Gobierno como los magistrados pongan todo su interés en remediar la actual situación del sistema judicial español".

Además, demanda que "jueces y administración mantengan las reuniones pertinentes de cara a impedir una protesta en forma de huelga de uno de los poderes del Estado, algo que supondrá, tanto un perjuicio para la imagen de nuestro país a nivel internacional como, sin duda, nuevos retrasos que incidirán en la ya desbordada agenda de los juzgados, con 2,5 millones de asuntos pendientes, una cifra que es a todas luces inadmisible".

Insta al Gobierno a que modernice la Justicia, "dotándola de los medios humanos y materiales adecuados, solucionando los retrasos, los continuos aplazamientos, la falta de tiempo de que disponen los magistrados para estudiar los casos, la falta de organización y el desfase tecnológico. Todo ello con la mente puesta en dar salida al monumental atasco que vive un sector tan importante".

"El acceso a la Justicia es un derecho fundamental de cualquier ciudadano, pero los usuarios demandan que pueda ejercerse de una forma más ágil y que permita reducir y desterrar errores, omisiones y problemas que causan alarma social y hacen dudar al ciudadano de un sistema fundamental para la democracia", concluye el comunicado.