A juicio de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), "una decisión de este tipo haría que el ciudadano se aleje aún más de los seguros. De hecho, el número de coches que circulan sin seguro es monstruoso, con el agravante de que en caso de accidente las víctimas se quedan desamaradas".

El director general de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, declaró a Servimedia que las compañías de seguros no tienen motivos para subir las tarifas, ya que las indemnizaciones por incapacidad temporal -los pagos más frecuentes que deben afrontar estas empresas- se han visto reducidas de 10.000 a 3.000 pesetas por día de incapacidad, tras la aprobación de la Ley de Ordenación del Seguro Privado, hace dos años.

Aunque la patronal justifica la subida del precio de los eguros por el incremento de la siniestralidad, que hace que los ingresos por primas no sean suficientes para pagar los costes de los siniestros, la Unión de Consumidores de España (UCE) declaró que "el pago de las indemnizaciones por daños personales ha disminuido y por lo tanto por esa vía se han reducido costes".

En relación a la puesta en marcha, desde el 1 de diciembre de 1997, de un certificado del "historial de siniestralidad del asegurado", la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) valor el establecimiento de tarifas más personales, porque "todo lo que sea adecuar el seguro a la realidad concreta de cada persona beneficiaría a los buenos conductores y probablemente sacaría de la circulación a los malos, pero habría que saber qué tipo de información van a recoger en los bancos de datos que van a utilizar las compañías".

En el mismo sentido se manifestó el responsable de Relaciones Institucionales y Públicas de la CECU, Daniel Rubio, "siempre que este plan de transparencia no se quede n una declaración de intenciones y que cuente con el parecer de las asociaciones de consumidores".

Por su parte, la responsable de la Asesoría Jurídica de la UCE, Carmen Torre, mostró su rechazo al "historial de siniestralidad del asegurado", ya que, a su juicio, "este tipo de actuaciones iría en contra de la ley de protección de datos".