Asgeco "no ve con claridad el beneficio para los consumidores" de introducir ese cambio y subraya, además, que el año pasado, las telecomunicaciones siguieron encabezando, con un 21,2%, las consultas y denuncias recibidas por su departamento de atención a los consumidores. Entre ellas destacaban los problemas de facturación en telefonía móvil, por servicios no solicitados o desconocimiento del coste exacto de los productos contratados.

Se trataría en cualquier caso de una modificación "sustancial" del contrato entre el consumidor y la operadora (que podría dar derecho al consumidor para resolver el contrato y reclamar los daños y perjuicios que esta modificación unilateral le hubiera producido), "vulnerando posiblemente los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legitima".

Según esta asociación, las tarifas de telefonía móvil en España siguen dentro de las más caras de Europa, debido a "la poca competencia que se ejerce en un mercado dominado por tres compañías".

A este respecto, "hay que recordar que la Subdirección General sobre Conductas Restrictivas de la Competencia de la Dirección General de la Competencia del Ministerio de Economía y Hacienda, admitió a tramite el año pasado una denuncia contra las tres principales operadoras de telefonía en España por supuestas prácticas restrictivas de la competencia, considerando a Asgeco Confederación como parte interesada en el procedimiento", concluyó.