Los constructores, sector con el que el Estado mantiene una deuda de unos 750.000 millones e pesetas, según las últimas cifras de Seopan, creen que el proyecto aporta novedades positivas, como la uniformidad de condiciones en la contratación para todas las administraciones (central, local y autonómica), pero critican que conserve privilegios como la posibilidad de demorar los pagos durante tres meses.

Según Seopan, la posibilidad de que la Administración pueda tardar tres meses en pagar un contrato aporta a los responsables públicos españoles las condiciones más ventajosas de la CE para conratar los servicios de las empresas.

Además, critican que el Gobierno y los responsables autonómicos y locales puedan suspender una obra por falta de pago, tanto para periodos de demora de seis meses como si son de un año, aspecto, asegura Seopan, que pueda introducir cierta inestabilidad en la cartera de pedidos de las empresas con el sector público.

Asimismo, condenan nuevas medidas introducidas por el proyecto de ley, como la prohibición a las empresas de revisar el precio licitado inicialment hasta que no haya transcurrido un año desde su aprobación.

Esta novedad, de acuerdo con Seopan, impide a las constructoras compensar los incrementos de costes de materiales y de obras que pueden producirse en ese periodo, lo que, a su vez, obligará a las empresas a precalcular tales aumentos de costes y hacerlos figurar en sus ofertas originales.

En la actualidad, España es el país europeo donde la Administración dispone del plazo más largo para pagar las obras que contrata, ya que tarda 90 díasen el pago de las certificaciones, mientras se va realizando la obra, frente a Alemania que emplea emplea 12, Holanda 30 días y Portugal 60 días.

Igualmente, la Administración española tiene seis meses para pagar la liquidación definitiva, frente a los 21 días de la danesa o los 28 de la británica. En una situación intermedia se encuentran Luxemburgo, Portugal e Italia, con 45, 60 y 120 días, respectivamente.