Tras conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que da la razón a un constructor de Sevilla que se negaba a pagar este impuesto, numerosos promotores granadinos interpondrán recursos judiciales contra el Ayuntamiento de Granada.

El Ayuntamient viene cobrando el impuesto desde noviembre de 1992, en que el alcalde de la localidad, Jesús Quero, autorizó por decreto su cobro. Si los tribunales diesen también la razón a los constructores granadinos, el Ayuntamiento se podría ver obligado a devolver en los próximos años casi 2.000 millones de pesetas, según cálculos no oficiales.

La Asociación de Constructores de Granada (ACG) ha calificado el pago de este 15 por ciento como de "impuesto revolucionario, ya que se pone como condición para la concsión de licencia de obra".

Por ello, la ACG ha pedido "cautela" al Ayuntamiento en la aplicación del decreto y ha segurado que "la decisión personal del alcalde, no pasada por pleno, podría tener serias consecuencias para la ciudad en caso de que la sentencia fuese similar a la sevillana".

Asimismo, la ACG considera "ilegal y nulo de pleno derecho" el cobro del 15 por ciento del aprovechamiento urbanístico de cada solar" y ha asegurado que "el municipio granadino podría verse en los próximos añosobligado a devolver lo ingresado por este concepto".

A juicio de los constructores, "la decisión en cualquier caso debería de haberse aprobado en sesión plenaria, y la recaudación no se debía haber aplicado en Granada hasta la revisión del Plan General de Revisión Urbana, que se efectuará en 1995".