La patronal, que agrupa tanto a grandes constructoras como Acciona, Sacyr, Ferrovial o FCC como a independientes, alertó de la “arbitraria e injusta” decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y resaltó la “insensibilidad” que el Ejecutivo regional muestra “hacia sus empresas y trabajadores ante las difíciles circunstancias que atraviesa la economía española y mundial”.

La CNC apuntó que las medidas adoptadas en el real decreto buscan “asegurar la ejecución de los contratos públicos y garantizar el mantenimiento de los empleos y la viabilidad de las empresas y pymes del sector de la construcción”. La normativa se adoptó ante las circunstancias económicas derivadas de la pandemia y la guerra de Ucrania, que han dificultado “la ejecución de los contratos públicos, pues los contratistas han sufrido un incremento desorbitado de los costes”.

Los constructores señalaron que el encarecimiento “era imprevisible en el momento de la licitación y que excede del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura razonable que el contratista ha de soportar en todo contrato público”.

El real decreto aprobaba una serie de medidas que eran de aplicación obligatoria para la Administración General y voluntaria para las comunidades autónomas, que podrían extenderlas a las entidades locales de su ámbito territorial. La CNC subrayó que enviaron una carta dirigida a la Comunidad de Madrid para transpusiese la normativa nacional a la que “no ha recibido ninguna respuesta”.