El representante de las grandes constructoras y concesionarias participó en el ‘XLI Seminario APIE. El rol de las empresas en la nueva economía’ organizado por la APIE y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

Nueve meses después de que el Gobierno consiguiera sacar el compromiso de introducir este modelo durante la negociación de la adenda del Plan de Recuperación, Núñez subrayó que Seopan presentará un informe para retomar la discusión para introducir una medida que sirva para lograr una inversión de 10.000 millones de euros con el objetivo de hacer una “puesta a cero” de toda la red interurbana de carreteras.

“Los detractores del pago por uso que digan cuál es su modelo ¿Seguir con las carreteras deterioradas? ¿Seguir cambiando parabrisas cada dos años?”, se lamentó Núñez, que argumentó que se debe pagar por el uso como se paga cuando se abre el grifo y sale agua. Enfatizó la dimensión del problema de las autovías españolas, cuya red es la tercera más extensa del mundo con casi 20.000 kilómetros.

El presidente de Seopan señaló que la alternativa es que “cada vez vamos a circular peor” si no se revierte el déficit de inversión e insistió que estos recursos se tendrían que acabar sustrayendo de otras partidas del presupuesto público como la defensa, la educación o la sanidad. “¿A quién se lo quitamos? No ha posibilidad. Tenemos una agenda social cada vez más exigente”, explicó.

Cuestionado por el rescate de las radiales, se defendió señalando que los accionistas de las empresas perdieron 1.800 millones de capital desembolsado, los bancos vendieron su deuda y el Estado ha pagado 2.000 millones por los costes de las expropiaciones. “No ganó nadie, perdimos todos”, apuntó.

Señaló en que la iniciativa para implementar esta medida “corresponde a los partidos” y detalló que su propuesta pasa por pagar por kilómetro recorrido y excluir a los conductores habituales por motivos laborales. Defendió el modelo apuntando al transporte profesional, que es el principal causante del mal estado de las carreteras, y no tienen que pagar en España, pero sí hacerlo cuando pasan la frontera francesa o italiana.

MODELO COLABORATIVO

Núñez adelantó que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha acogido con “gran interés” sus propuestas para desarrollar modelos de colaboración en licitaciones y espera que se puedan realizar algunos proyectos piloto con este modelo “más transparente” que comparte sobrecostes y ahorros entre el sector público y privado.

Insistió en recuperar la colaboración público-privada y el sistema de concesiones que es el “modelo por antonomasia” en países como Estados Unidos, Chile, Colombia y Perú, donde empresas como Ferrovial, ACS o Sacyr se encargan no solo de la construcción, sino también de la gestión y explotación de infraestructuras. El presidente de Seopan espera que Hacienda atienda las recomendaciones del último informe de OIReScon para resolver los “problemas regulatorios”.

Pese a ello, aseguró que la interlocución con el Gobierno es “excelente”, con el que tienen un “principio de lealtad institucional” y al que tratan de “facilitar su labor”. Núñez indicó que el déficit de inversión en infraestructuras se debe a las consecuencias de la crisis financiera de 2008 y no obedece a las políticas de un ejecutivo concreto sino a la “coyuntura europea”.

RETOS DEL SECTOR

Durante su intervención, Núñez desgranó los principales retos del sector de las infraestructuras y aplaudió que se hayan conseguido licitar los 11.600 millones consignados del Plan de Recuperación, al tiempo que lamentó que los desembolsos provenientes de la adenda tienen el mismo plazo límite de ejecución a mediados de 2026. Por ello, reclamó a la futura nueva Comisión Europea una prórroga del plazo o la introducción de un nuevo plan basado en al anterior.

Acerca de los Pertes, reclamó que se introduzcan subvenciones para poder desarrollar tecnología eólica marina ya que España tiene las “mejores” compañías para realizar el desarrollo industrial de las cimentaciones ancladas al fondo marino, así como para realizar actuaciones en los puertos españoles que permitan la conexión eléctrica de los buques de mercancías y pasajeros.

Sobre el Plan Hidrológico, advirtió que existe la obligación de realizar inversiones por valor de 38.000 millones de euros para evitar sanciones, que, al ritmo de licitación pública actual en España, es imposible de alcanzar sin apostar por la colaboración público-privada o el modelo concesional. También pidió restituir las fórmulas de revisión de revisión de precios que se eliminaron con la Ley de Desindexación de 2015 y que el sector ha reclamado durante estos años de crisis inflacionaria.