Así consta en una respuesta del Gobierno a una pregunta formlada por Ramiro Cercós, senador socialista por Soria, sobre la evolución del endeudamiento de la Administración Central del Estado con las empresas constructoras.

El retraso en el pago del dinero que el Estado adeuda a las constructoras llevó a estas a apelar de manera generalizada en 1993 al mecanismo de cancelar impuestos para resarcirse de la dilación de los pagos por parte del Estado.

Este sistema, pactado por las constructoras y el Estado, está respaldado por un decreto de 1990 que desarroll el Reglamento General de Recaudación, y se efectúa con cargo al IVA y al Impuesto de Sociedades. El inconveniente estriba en que sólo es de aplicación para el Estado y no para las demás administraciones públicas.

En su respuesta, el Gobierno asegura que el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambientes "está consiguiendo cumplir, en términos medios y con carácter general, sus compromisos financieros dentro de los plazos mercantiles habituales".

Según el Ejecutivo, este ministerio esel principal cliente de las empresas del sector de la construcción, con una facturación anual próxima a los 700.000 millones de pesetas. El Gobierno explica que las dimensiones de este departamento hacen que los procedimientos de verificación y control de las obligaciones a su cargo sean complejos, "aunque se pretende que cada día sean más eficaces".

El Gobierno asegura que actualmente el plazo de la tramitación al Tesoro Público de las propuestas de pago del importe de las certificaciones de obra es e 25 días, "similar al tiempo que cualquier empresa mediana o grande tarda en conformar las facturas a su cargo".

En cuanto a la fase estricta de pago, el Ejecutivo señala que la Dirección General del Tesoro viene tardando entre 40 y 45 días en hacer efectivas las propuestas de pago.

"Por lo tanto", indica el Gobierno en su respuesta, "el Ministerio de Obras Públicas no supera los 70 días, período que, en algunos casos, se ve reducido por la posibilidad que tienen las empresas de compensar sus deechos frente al Estado con deudas tributarias".

Además, el Gobierno afirma que las empresas constructoras reciben anticipos para acopio de materiales y maquinaria, en virtud de lo establecido en la Ley de Contratos del Estado, cuyo importe alcanza actualmente los 56.700 millones de pesetas.