Para Pastor, con sanciones "tan duras, se va a provocar el cierre de alguna empresa y con ello la pérdida de empleo". Reconoció que "será difícil" que se apliquen dicha sanciones "pero se tiene esa disponibilidad. Si se tiene la escopeta cargada, se puede disparar".

Según el Anteproyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las sanciones tipificadas como leves pasan de 50.000 a 250.000 pesetas, las graves serán de un máximo de 5 millones de pesetas, frente a las 500.000 pesetas actuales, y las muy graves, de 15 a 100 millones.

En opinión del secretario general de la patronal de empresas de la construcción, las sanciones deberían hacer hincapié en las respnsabilidades personales de quien las cometa y "no trasladar todo a la empresa y que tengan que sufrir las consecuencias los trabajadores".

La nueva ley, que podría ser aprobada por el Consejo de Ministros este viernes, "se centra más en como sancionar al empresario presuntamente culpable que en buscar soluciones en la prevención laboral", a juicio de Pastor.

La patronal intentará reunirse con los diferentes grupos parlamentarios para incluir alguna enmienda durante el trámite de la ley en el Congeso y el Senado.

Sin embargo, Pastor calificó el conjunto del anteproyecto de "equilibrado y mejor" que los otros borradores presentados por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales.

No obstante, también criticó la facultad que da la ley a cualquier trabajador para paralizar el proceso productivo si considera que existe riesgo inminente para la salud. La patronal pide que el trabajador tenga la obligación de informar al empresario, para evitar que la paralización sea injustificada.