La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) informó este jueves a través de un comunicado del pacto alcanzado con CCOO Hábitat y UGT-Fica para el VII convenio sectorial, que deberá ser ratificado por los órganos de gobierno de las organizaciones.

El primer plan de pensiones colectivo de la construcción “se formalizaría siempre y cuando el proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo recoja incentivos ambiciosos comprometidos por el Gobierno”, puntualizó la CNC.

En tal caso, la patronal y los sindicatos han acordado que las empresas realicen aportaciones a este plan de pensiones como complemento a las prestaciones del sistema público.

Igualmente, en este preacuerdo patronal y sindicatos han pactado un incremento salarial para los trabajadores del sector de la construcción del 4% para 2022, del 3% para 2023 y del 3% para 2024, del que una parte se destinaría a las aportaciones al citado plan de pensiones.

Aunque el ámbito temporal del convenio se establece hasta 2027, el preacuerdo recoge alzas salariales para los tres próximos ejercicios, incluyendo una cláusula de garantía salarial supeditada a la coyuntura económica de España en este periodo.

El VII Convenio General del Sector de la Construcción también regulará el contrato indefinido adscrito a obra, establecerá un período máximo de duración del contrato temporal por circunstancias de la producción de un año -percibiendo a la extinción del mismo una indemnización del 7%- y regulará el contrato fijo discontinuo en lo relativo a la duración del plazo de inactividad y cuantía a percibir en los supuestos de contratas, subcontratas o con motivos de concesiones administrativas.

Asimismo, patronal y sindicatos han acordado la creación de una bolsa de empleo sectorial y la regulación de la jubilación forzosa, entre otras medidas.

De igual modo, se desarrollan los contratos formativos en lo que respecta a su retribución y duración para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios.

CNC consideró que este principio de acuerdo es un “éxito del diálogo social” y su firma implica “un ejercicio de corresponsabilidad en la negociación, máxime teniendo en cuenta los problemas que sufre actualmente el sector como consecuencia de la crisis energética y el encarecimiento de los costes, que están asfixiando a muchas empresas constructoras”.