Según ASAJA, COAG y UPA, que se reunieron en Mérida para tratar la situación, "es preciso unificar los criterios y ofrecer una sola voz para impedir el cierre de la única fábrica de este tipo que existe en la región extremeña".

El cierre de la planta "perjudicará a los agricultores y trabajadores directamente implicados, y significará la futura eliminación del cultivo en Extremadura", afirmaron los agricultores.

El portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores, Lornzo Ramos, calificó de "inciertos y sin sentido" los argumentos planteados por la empresa, ya que, según explicó, la actual rentabilidad podría incluso incrementarse ampliando la superficie cultivada hasta las 8.000 ó 10.000 hectáreas.

Domingo Núñez, representante de la Asociación Profesional de Remolacheros de Extremadura, argumentó que es preciso mantener la factoría porque es rentable, y exigió que se le dé un tratamiento similar en cuanto a ayudas al de otras existentes en la zona norte y en Castila-La Mancha.

"Somos como Seat en Cataluña", afirmó Núñez, "por lo que si la Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura no quieren, la remolacha no se irá de Extremadura".