El acto de Las Palmas contó con la asistencia de Cesáreo Rodríguez Santos, viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias; Isabel Mena, consejera de Política Social, Accesibilidad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria; Armando José García Castellano, magistrado y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; Mª Rosa Rubio, fiscal delegada de Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad de Canarias; Lluis Sierra, rector de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria; Carmen Pérez de Ontiveros, catedrática de Derecho Civil; Rosario Medina, diputada de gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas; Carmen Laucirica, presidenta del Cermi Canarias; Juan Carlos Hernández, presidente de COCEMFE; Vanesa Cubas, Fundación ADEPSI; Yanira Santa, Fundación Apoyos APROSU; José Antonio Riera, vicedecano del Colegio Notarial autonómico; Almudena Castro-Girona, Francisco González y Julia Segura (directora, director adjunto y delegada autonómica de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, respectivamente).

Un día después, se celebró un acto similar en Santa Cruz de Tenerife -donde los miembros del Foro fueron recibidos por Ana Oramas, vicepresidenta primera del Parlamento Canario- al que se sumaron: Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias; Carmen Ávila, fiscal de discapacidad de Santa Cruz; Dulce Gutiérrez, directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias; José Manuel Niederleytner, decano del Colegio de Abogados; Javier Bencomo, en representación de Cermi Canarias; y Georgette Bugnion y Tania Paredes, presidenta y directora (respectivamente), de la Fundación Sonsoles Soriano.

Esta iniciativa, puesta en marcha ya en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias y País Vasco, tiene como objeto crear una plataforma de trabajo en la que tengan cabida diferentes profesionales y entidades, como notariado, judicatura, fiscalía, abogacía, administraciones públicas, universidades o el propio movimiento asociativo, para estudiar y analizar la situación actual de la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores vulnerables y avanzar en su protección. Para ello, se trabajará en la detección de necesidades formativas de los profesionales involucrados. El Foro también pretende examinar la aplicación de las normas que afectan a las personas con discapacidad y proponer reformas legislativas.