Esta comisión se crea conforme a lo establecido en el decreto 142/92 y a propuesta del consejero del Gobierno regional, Martín Sevilla.

La nueva comisión está compuesta por 8 miembros, representantes del Instituto Valenciano de Servicios Sociales, Servicio Valenciano de Salud y Dirección General de Justicia e Interior, de la Consejería de Administración Pública. También forman parte de ella otros tres vocales de las tres consejerías mencionadas y un secretario con voz, pero sin voto.

Su objetivoes, según el Ejecutivo valenciano, "coordinar los distintos recursos públicos existentes y aunar criterios en orden y proveer un ejercicio correcto de las funciones protectoras sometidas a tutela y la adecuación jurídica de las medidas que se adopten".

Según las mismas fuentes, para ello el nuevo órgano contará con los siguientes servicios: tutoría de los incapacitados mayores de edad, cuando la resolución judicial recaiga en la Generalitat Valenciana; defensa judicial de los incapacitados y ejerciciode cuantas otras funciones en materia de protección y defensa de incapacitados le sean encomendadas por resolución judicial.

Este organismo persigue dar respuesta efectiva a una situación de "vacío" en el desarrollo de la legislación vigente, que no especifica la asignación de la función tutelar a un órgano específico de la Generalitat.

Para el Gobierno regional, esta tutela beneficiará a todas aquellas personas residentes en la Comunidad Valenciana calificadas de "incapaces" por resolución judical.

Según el Código Civil, es incapaz "aquella persona que, incurriendo en enfermedad, o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que le impida gobernarse por sí misma, sea declarada como tal por sentencia judicial".