La comisión, a cuya creación en un principio se opuso el PP, aunque posteriormente la pidió siguiendo órdenes de la dirección del partido en Madrid, está formada por seis procurdores, dos del PP, dos del PSOE, uno del CDS y otro de IU.

Las reuniones de la comisión se celebran a puerta cerrada y sus deliberaciones son secretas, a instancias del Reglamento de las Cortes, a pesar de la proposición de ley presentada por todos los grupos de la oposición para reformar ese punto y permitir que las reuniones sean públicas.

En las votaciones de la misma se utilizará el "voto ponderado", lo que significa que los dos procuradores del PP tienen mayoría absoluta frente a los 4 de laoposición.

Precisamente este hecho, que hoy dio la presidencia de la comisión en su primera reunión al portavoz del PP, Javier León de la Riva, en contra de la voluntad del resto de procuradores, fue lo más criticado por los grupos de la oposición, que consideran que la comisión y sus trabajos están viciados desde el principio.

CRITICAS DEL PSOE

El procurador socialista por Béjar, Cipriano González, señaló hoy que "nuestra petición para que la comisión fuera pública se fundamenta en nuestro deso de que no ocurra aquí lo que está pasando en Madrid".

"A mí me parece penoso", dijo, "ver salir al señor Ramallo de las comisiones de investigación de Madrid con los papeles que se suponían secretos, dando cuenta a todos los medios de comunicación de lo que había pasado allí y, a veces, mintiendo o no diciendo la verdad".

"Nuestro interés", señaló González, "es clarificar lo que fue de esos 600 millones de pesetas, porque en un principio la Junta dijo siempre que las cuentas estaban claras, y eo consta en el diario de sesiones, y después, de repente, se encargó una auditoría de la que se desprendía que el dinero no se había gastado bien y que los acreedores no habían percibido su parte".

"Ahora la Junta reclama a voz en grito ese dinero", agregó, "y no queremos acusar de entrada, sino sólo saber por qué no se hizo un seguimiento exhaustivo de la subvención, cuando además hay indicios de otras situaciones que no están tan claras y que de momento no se pueden demostrar".

González lamentótambién el hecho de que en esta comisión, al contrario de lo que ocurre en las del Congreso de los Diputados, las comparecencias que se soliciten no tienen carácter obligatorio, por lo que tanto los ex responsables de la Hispano Textil como el propio consejero de Economía podrían negarse a comparecer.

Por su parte, el portavoz del PP y recién nombrado presidente del la comisión, Javier León, dijo que "nosotros llevamos mucho tiempo ejerciendo la mayoría absoluta, y hay muchas formas de entenderla".

"Yo no voy a imponer mi voluntad a nadie desde el principio, sino que voy a escuchar a todos, y si las propuestas de la oposición tienen sentido, serán tomadas en consideración", afirmó.

El procurador por IU, Antonio Herreros, dudó a su vez de la voluntad de concordia del PP, y añadió que "es absolutamente inoportuno, incómodo, ilógico e inconsecuente con lo que el Partido Popular demanda en el Congreso de los Diputados que sea presidente de la comisión de investigación un procurador que forma partedel grupo político que sustenta al Gobierno".