Según informó este martes el órgano de garantías, el Pleno ha tomado la decisión por unanimidad tras la invocación por parte del Gobierno central del artículo 161.2 de la Constitución. La suspensión tiene efecto desde el 26 de septiembre, fecha en que se interpuso la impugnación.

El Gabinete de Pedro Sánchez considera que el acuerdo impugnado podría vulnerar varios derechos fundamentales, así como competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados. La decisión del Constitucional será comunicada al presidente del Gobierno de Canarias.

PROTOCOLO SUSPENDIDO

La suspensión también afecta a la resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias del 10 de septiembre. Este documento establecía el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en la comunidad autónoma canaria.

El Constitucional ha admitido a trámite la Impugnación de Disposición Autonómica (IDA) presentada por el Ejecutivo central. Esta figura legal permite al Gobierno impugnar disposiciones normativas de las comunidades autónomas que considere contrarias a la Carta Magna.

La decisión del Alto Tribunal supone un revés para la política migratoria del Gobierno canario en relación con los menores extranjeros no acompañados, que es un asunto que ha generado tensiones entre ambas administraciones en los últimos meses.