Esta será la cuarta vez que el Tribunal Constitucional se reúne para estudiar esta reforma, después de la celebración de tres plenos en los que se decidió aplazar la deliberación a otro día sin adoptar acuerdo alguno.

Los populares decidieron recurrir la reforma de la LOTC, aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2007, debido a que con ella se prorrogó el mandato de la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, y de su vicepresidente, Guillermo Jiménez, que deberían haber abandonado la institución en junio pasado.

Tras las abstenciones voluntarias de Casas y Jiménez y la aprobación de las recusaciones planteadas por el Gobierno contra dos magistrados del llamado "sector conservador", el pleno que aborda esta cuestión está compuesto por ocho magistrados, el mínimo imprescindible por ley para que el Tribunal Constitucional pueda adoptar decisiones.

El telón de fondo de todos estos movimientos es la relación de fuerzas entre magistrados progresistas y conservadores en el Tribunal Constitucional, un órgano que deberá decidir sobre leyes emblemáticas de la pasada legislatura, como el Estatuto de Cataluña o la ley del matrimonio homosexual.