El Alto Tribunal entiende que la comunidad foral está legitimada para imponer a los nuevos titularesde aprovechamientos hidráulicos la obligación de construir pasos en las presas y diques que interrumpan la libre circulación de los peces.

Asimismo, la sentencia confirma la competencia de la Administración autonómica para eliminar o modificar la vegetación de las zonas de protección de los ríos, lagunas, embalses y zonas húmedas.

El Tribunal Constitucional también reconoce la facultad de la comunidad foral para autorizar, junto con la Administración central, las solicitudes de reducción de cudales y para obras de derivación o captación.

En este sentido, la sentencia considera que la ley navarra tampoco vulnera la Constitución al otorgar competencias a la autonomía para regular el caudal mínimo de los ríos, siempre que respete las disposiciones de las confederaciones hidrográficas.