Fuentes del Alto Tribunal informaron de que el Pleno decidió por cinco votos en contra y tres a favor rechazar el recurso de los populares.

El PP decidió recurrir la reforma de la LOTC, aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2007, debido a que con ella se prorrogó el mandato de la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, y de su vicepresidente, Guillermo Jiménez, que deberían haber abandonado la institución en junio pasado.

Después de las recusaciones de magistrados realizadas por el PP y por el Gobierno, con la decisión adoptada hoy el Tribunal Constitucional queda definitivamente desbloqueado para estudiar los recursos interpuestos por los populares contra varias de las leyes emblemáticas de la pasada legislatura, como el Estatuto de Cataluña o la ley del matrimonio homosexual.

Los únicos tres magistrados del "sector conservador" presentes en el Pleno de hoy, Vicente Conde, Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas, anunciaron que emitirán votos particulares frente a la decisión de la mayoría del tribunal.

Fuentes del Tribunal Constitucional señalaron que el contenido íntegro de la sentencia y de los votos particulares se conocerá en los próximos días.

GUERRA DE RECUSACIONES

Tras las abstenciones voluntarias de Casas y Jiménez y la aprobación de las recusaciones planteadas por el Gobierno contra dos magistrados del sector conservador, el Pleno que se reunió hoy estuvo compuesto por ocho magistrados, el mínimo imprescindible por ley para que el Tribunal Constitucional pueda adoptar decisiones.

El pasado 12 de marzo, el Tribunal Constitucional aprobó las recusaciones de los magistrados del llamado "sector conservador" Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García Calvo, planteadas por el Gobierno en octubre pasado.

El Ejecutivo socialista recusó a Rodríguez-Zapata y García Calvo al entender que ambos perdieron la exigible imparcialidad para pronunciarse sobre la LOTC al haber enviado una carta a Casas expresando su rechazo a la reforma de esta ley, prejuzgando así el caso. El Alto Tribunal dio la razón al Ejecutivo.

Todo lo contrario sucedió con las recusaciones planteadas por los populares contra los jueces del "sector progresista" Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps. El pasado 27 de noviembre, el Tribunal Constitucional decidió desestimar estas recusaciones por no estar fundamentadas.