El PP recurrió al TC después de que la Mesa de la Cámara Baja le negara en mayo del año pasado su solicitud de que el Gobierno, antes de iniciar el debate del proyecto, enviara informes preceptivos de la Junta Superior de Archivos y del Patronato del Archivo de Salamanca.

Los populares adujeron que había sido "lesionado" el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (artículo 23.2 de la Constitución). Para el PP, una iniciativa legislativa del Gobierno es un acto sometido a la Ley del Gobierno y a la Constitución, cuyo artículo 88 indica que los proyectos de ley irán acompañados de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

En su fallo, el Constitucional da la razón a la Mesa del Congreso y al ministerio fiscal, que coincidieron en oponerse a la petición del PP porque consideran que ninguna norma dice que sean obligatorios los informes de los expertos que reclamaba el PP como paso previo a la tramitación de la ley de devolución de los "papeles".

El Constitucional dice que "no puede sustituir a los órganos parlamentarios en la tarea interpretativa de las normas jurídicas que deben aplicar ni juzgar su acierto, por lo que la demanda carece de contenido constitucional que justifique un pronunciamiento sobre el fondo".

Fuentes consultadas por Servimedia en el Ayuntamiento de Salamanca, contrario a la devolución de los documentos a la Generalitat, quitaron hoy relevancia a la resolución del TC porque "no se refiere al efecto último de la ley, sino a su admisión a trámite en el Congreso, cuando ésta ya hace mucho tiempo que está en vigor".