El recurso se dirigía contra el artículo 30 de la ley, relativo a la individualización de los rendimientos del trabajo que, según el PP, resultaban discriminados respecto a las rentas del capital.

También planteaba la inconstitucionalidad del artículo 92, por los límites cuantitativos establecidos en caso de tributación conjunta, por estimarlo contrario a los principios de igualdad y capacidad económica.

El Tribunal Constituional rechaza igualmente la impugnación que el PP hacía del sometimiento a gravamen de las ayudas o subsidios familiares y de las becas privadas.

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