Respecto a la Ley de Carreteras, el Tribunal Constitucional considera acorde a la Carta Magna que esa norma exija un informe vinculante del Ministerio de Fomento en la redacción del planteamiento urbanístico que afecte a carreteras estatales.

El Tribunal Constitucional estima que el riterio de interés general puede permitir al Estado considerar que una carretera que transcurra íntegramente por una sola comunidad autónoma es una carretera estatal.

Sobre el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, el Constitucional rechaza la solicitud del Gobierno vasco de que se anule esta norma por no haber dejado claro el Ejecutivo central que se trata de una ley de carácter básico, susceptible de desarrollo por las instancias legislativas autonómicas.