El auto, difundido hoy, ratifica en todos sus extremos la sentencia del "caso de la construcción" dictada el siete de mayo de 1992 por la Audiencia Provincial de Burgos y el posterior fallo confiratorio del Tribunal Supremo.

El fallo del "caso de la construcción" condenó a José María Peña, alcalde Burgos que se presentó como independiente en las listas del Partido Popular, a 12 años de inhabilitación y a siete de suspensión de cargo público por un delito de prevaricación continuada.

La Audiencia de Burgos consideró entonces que Peña dictó resuluciones, sabiendo que eran injustas, entre 1984 y 1988, por lo que también declaró nulos diversos acuerdos urbanísticos autorizados durante ese perodo.

El Tribunal Constitucional rechaza las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Burgos contra la anulación de dichas resoluciones administrativas. En esas alegaciones, la corporación municipal señalaba que la declaración de nulidad de esos actos administrativos iba a provocar la solicitud de indemnizaciones por los particulares afectados y que al ayuntamiento se le causaba un evidente perjuicio al no darle la oportunidad de defender la legalidad de sus actos.

El recurrente sostuvo tambin que la declaración de nulidad de resoluciones municipales correspondería a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la penal, argumento igualmente rechazado por el Tribunal Constitucional.