La sentenca sostiene que la prohibición absoluta que para las emisiones televisivas de carácter local y por cable implica la ausencia de regulación legal sin razones justificativas, constituye un sacrificio desproporcionado del derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación.

También reconoce el fallo del tribunal el derecho de las dos entidades a la libertad de expresión y de comunicación, recogido en el artículo 20 de la Constitución, y les restablece en la integridad de su derecho fundamental.- Esta decisión revoca, por tanto, la resolución del Gobierno Civil que requería el cierre de ambas televisiones, así como las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que las confirmaron en su momento.

En la sentencia, con fecha de 31 de enero, la Sala Segunda del Constitucional reconoce a las entidades recurrentes su derecho a la libertad de expresión y de comunicación.

La argumentación del T señala que "la exigencia de concesión administrativa -otorgada discrecionalmente para las televisiones por cable locales- supone una violación de las libertades de expresión y comunicación, ya que no pueden quedar sometidas a intervenciones administrativas de alcance indeterminado".

El texto de la sentencia hace especial hincapié en la responsabilidad del legislador, que ha retrasado "'sine die', más allá de todo tiempo razonable y sin que existan razones que justifiquen la demora", la regulación legl de la televisión por cable.