La sentencia anula una orden de la Consejería de Administración Pública e Interior de la Comunidad de Murcia que puso como condición para participar en una prueba para acceder a una plaza de letrado asesor "haber prestado servicios un mínimo de dos años en asesoramiento y defensa en juicio de las Administraciones Central o Autonómica".

El Tribunal Constitucional señala que esa experiencia puede ser valorada como mérito dento de las pruebas de examen, pero nunca como "requisito excluyente o sine qua non para que los aspirantes puedan participar en el concurso".

A su juicio, el requisto ha de ser considerado como "arbitrario e incompatible con los principios de mérito y capacidad, en la medida que impide concurrir al mismo a los aspirante que no cumplen este presupuesto por una razón no justificada suficientemente, ni razonable, que implica una discriminación y que veda toda oportunidad de concurrir a los aspirantes en igaldad de condiciones".