El Tribunal Constitucional considera que el fallo dictado en su momento por la Sala Especial del Supremo no vulneró derecho fundamental alguno de la citada formación política ilegalizada, como sostenían los abogados de Batasuna.

Con la decisión adoptada hoy, el Constitucional rechaza los argumentos esgrimidos por los abogados de Batasuna, para quienes en todo el proceso de ilegalización no se había respetadoel derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un tribunal imparcial.

De esta forma, el Constitucional avala la sentencia dictada en su momento por el Tribunal Supremo, que consideró que Batasuna incumplió la denominada "Ley de Partidos Políticos", dando la razón tanto a la Abogacía del Estado como a la Fiscalía.

Además de sostener que Batasuna dependía de ETA, la Abogacía del Estado y la Fiscalía basaron sus demandas en el artículo 9 de la Ley de Partidos, entre otrosaspectos.

El artículo 9.3c de la Ley de Partidos señala como supuesto de ilegalización "mantener un amplio número de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas con un grupo terrorista o violento, salvo que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión".

Además, establece como motivo de ilegalización de un partido "incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo ue no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas".

PROCESO

Fue el pasado 17 de marzo de 2003 cuando la Sala Especial del Tribunal Supremo acordó por unanimidad ilegalizar la formación política Batasuna, tal y como habían solicitado en sendas demandas el Ministerio de Justicia y la Fiscalía.

El proceso para ilegalizar a Batasuna se inició el 26 de agosto de 2002, cuando el Congreso de los Diputados, a petición de PP y PSOE, instó al Gobierno a presentar una demanda de ilegalzación de Batasuna, uno de los instrumentos contemplados en la Ley de Partidos Políticos para actuar contra una fuerza política que incumple la legislación.

Tras esta iniciativa parlamentaria, el Ejecutivo aprobó el 30 de agosto de 2002 la presentación de una demanda contra Batasuna, iniciativa que fue admitida a trámite por el Supremo el 14 de septiembre.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado decidió presentar su propia demanda, que también fue admitida a trámite y unida a la causa abieta por la iniciativa de la Abogacía del Estado.