El Gobierno balear impugnó en concreto el artículo 123 de la Ley de Presupuestos del Estado de 1988, que dio nueva redacción al artículo 153 de la Ley General Presupuestaria y atribuyó al Estado la fijación unilateral de las reglas conforme a las cuales se efectúa la distribución de os créditos de subvenciones consignados en los Presupuestos Generales.

El fallo señala que, tras ese cambio, sólo se reconocía a las comunidades autónomas, por toda participación, el trámite de audiencia previa, algo que el Tribunal Constitucional entiende que vulnera la autonomía financiera de las comunidades reconocida en el artículo 156.1 de la Constitución.

El Alto Tribunal señala que ese trámite debe sustituirse por una fomula más intensa de cooperación, en las que las posiciones del Estadode las comunidades resulten más equilibradas.

El artículo 156.1 de la Constitución, invocado por el Alto Tribunal en la argumentación de su resolución, establece que "las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordianión con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".

Asimismo, la sentencia declara la inconstitucionalidad de algunas partidas de gastos de los presupuestos estataes de 1988 por tratarse de subvenciones que han de gestionar las comunidades autónomas.

Por contra, el pleno del TC rechaza la impugnación que el Ejecutivo balear había hecho del artículo 121 referente al Fondo de Compensación Interterritorial, así como de los artículos 118 y 119 que establecieron los porcentajes de participación de la Comunidad Autónoma de Baleares en los ingresos del Estado.