En concreto, el Constitucional deberá estudiar las Resoluciones de 17 de noviembre de 2005 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por las que se hacen públicas las convocatorias de concursos para la adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia del Anteproyecto de Construcción y Explotación del cierre de la 1M-50 y la R-1.

En la providencia, dictada el pasado 4 de abril, el Constitucional da un plazo de 20 días a la Comunidad Autónoma de Madrid para que aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes.

Asimismo, el Constitucional decreta la suspensión de la vigencia y aplicación de las resoluciones impugnadas y comunica su decisión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por si las mismas también se encuentran recurridas ante su Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En ese caso, según establece el artículo 61.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el TSJM deberá suspender el curso del proceso hasta la decisión del conflicto constitucional.